El sector agrícola fue la industria más expuesta a los delitos extorsivos durante el primer semestre de 2026, tanto por número de incidentes como por número de víctimas a nivel mundial, según las últimas cifras de la firma global de inteligencia estratégica y seguridad Control Risks, con empresas en América Latina especialmente expuestas al riesgo. La ubicación a menudo rural de fincas, plantaciones, ranchos y agroindustrias, donde la presencia policial puede ser limitada y los delincuentes disfrutan de mayor libertad de movimiento, convierte al sector en un objetivo atractivo tanto para secuestradores como para extorsionadores que buscan atacar a propietarios de tierras, equipos, ganado y cultivos de valor.
“La agricultura ofrece un terreno fértil para que los delincuentes lo exploten, especialmente porque muchas empresas tienen familiares que trabajan y viven muy cerca unos de otros, y dependen de mantener operaciones sin interrupciones”, afirma Elman Myers, consultor sénior de la división de Gestión de Crisis de Hiscox en Miami. “A su vez, la ausencia de medidas profesionales de seguridad expone a más empresas agrícolas al secuestro y la extorsión, lo que aumenta la necesidad de renovar el foco en un enfoque más integral de preparación ante crisis y en una cobertura especializada de seguros de secuestro y rescate”.
Una cosecha abundante para los delincuentes
Un problema clave para las empresas agrícolas en cuanto a su vulnerabilidad ante el riesgo de secuestro y rescate (K&R) o extorsión es su tamaño y visibilidad, lo que dificulta mantener un “perfil bajo”. Pensemos, por ejemplo, en una finca, cuyo valor potencial para un delincuente se puede calcular fácilmente a partir de la superficie, los tipos de cultivos, el ganado, la cantidad de maquinaria, el número de edificios y el personal. “Los propietarios de una operación de este tipo”, afirma Myers, “suelen ser bien conocidos en la zona y a menudo se presentan como un objetivo fácil, con una rutina operativa predecible sobre cuándo llegan, trabajan y se marchan. Dada su ubicación rural y a veces aislada, las empresas agrícolas también son ‘peces grandes en estanques pequeños’: su condición de organizaciones más grandes y visibles de la zona las convierte en las más potencialmente lucrativas para los delincuentes”.
Normalmente, los autores de un secuestro o, más comúnmente, de una extorsión contra una operación de este tipo serán un grupo criminal organizado, que amenazará con hacer daño al propietario o a su familia, o con causar daños al negocio, a menos que se pague un rescate. “A veces este rescate se calcula como una cantidad fija por acre cultivado o por tonelada de producto generado”, explica Myers. “Los delincuentes también pueden exigir que miembros de su grupo reciban puestos de supervisión dentro del negocio. Todo esto se hace bajo coacción y amenaza de daño”. Y es un gran negocio, ya que el Consejo Nacional Agropecuario de México (CNA) informó que a los trabajadores individuales se les puede cobrar hasta 800 pesos mexicanos (MXN) solo para acceder a sus cultivos, mientras que los camiones vinculados al negocio pueden enfrentarse a un cargo adicional de hasta 8.000 MXN para usar vías públicas.
Pagos de protección
En México, esta “cuota” se conoce como “derecho de piso”, literalmente “pagar lo que corresponde”, y si no se paga a un grupo criminal organizado, las consecuencias pueden incluir acciones como la destrucción de propiedades, ataques a trabajadores, destrucción de cultivos o ganado y, potencialmente, secuestros. De forma similar, en Colombia y Ecuador el término es “vacuna”, lo que implica que, si se paga la cuota, el negocio queda vacunado contra la violencia perpetrada por el grupo criminal local. En Perú, la práctica se conoce como pagar “cupos”, o pagos periódicos a delincuentes para garantizar que el negocio pueda seguir operando sin problemas. No pagar los cupos ha provocado represalias violentas contra propietarios de negocios. “En todos los casos, la extorsión contra operaciones agrícolas puede ser desconcertante y generar ansiedad y miedo, ya que no siempre está claro cuál es la mejor forma de responder a estas amenazas”, afirma Myers.
Reducir el riesgo
¿Qué puede hacer entonces el sector agrícola para reducir el riesgo? Parte del problema, afirma Myers, es no reconocer que existe un problema: “Para muchas operaciones agrícolas resulta tentador caer en el pensamiento ilusorio y creer que un secuestro o una extorsión no les ocurrirá. Pero puede ocurrir, y ocurre todos los días en toda la región de América Latina”. Una vez identificado y aceptado el riesgo, una empresa puede considerar qué medidas preventivas adoptar. “Estas medidas pueden incluir aumentar la seguridad cuando los propietarios llegan y salen de la operación, y variar la hora y el día de las visitas; seguir una rutina predecible hará que los negocios sean más vulnerables, ya que los secuestradores sabrán cuándo y dónde pueden atacar”, añade Myers. “El uso de un vehículo blindado también puede ser apropiado en determinadas circunstancias al viajar, así como implementar una seguridad física eficaz en la oficina para evitar que una persona o una banda simplemente entre y lleve a cabo un secuestro”.
Asegurar el riesgo
Otra opción para las empresas agrícolas es protegerse con un producto de seguro K&R. “El seguro puede aportar una serie de beneficios para ayudar a prevenir que se produzca un incidente o mitigar el impacto si algo ocurre”, afirma Myers. “Un buen producto ofrece orientación preventiva, el apoyo de consultores experimentados en respuesta a crisis para ayudar a gestionar el secuestro o la extorsión, y una póliza de seguro confidencial que proporciona el reembolso de las pérdidas sufridas como consecuencia del secuestro o la extorsión”. Una póliza de este tipo, concluye Myers, es una parte importante de un enfoque general de gestión de riesgos para afrontar de forma segura la amenaza de secuestro y extorsión contra operaciones agrícolas por parte de grupos criminales organizados y otros actores.
Más información sobre Hiscox Secure.